La "arquitectura hostil", también conocida como diseño urbano defensivo, hace referencia al uso de elementos constructivos para orientar o reprimir determinados comportamientos en espacios públicos. En lugar de limitarse a proporcionar cómodos bancos, aceras o plazas, este tipo de diseño incluye estructuras que hacen incómodo o incluso inviable sentarse, tumbarse o simplemente permanecer allí. La práctica se dirige principalmente a quienes más necesitan el espacio público: personas sin hogar, jóvenes, ancianos y personas con discapacidad.
En varias ciudades de Brasil vemos asientos con barras en el centro (que impiden tumbarse), soportes metálicos en escalones y piedras bajo puentes y viaductos. La razón oficial es "prevenir actos de vandalismo" o "evitar comportamientos inadecuados". En realidad, sin embargo, estas medidas dirigen a las personas sin hogar hacia esquinas y aceras menos visibles, creando una ciudad de fachadas y exclusión. Esta arquitectura intensifica la segregación socioespacial y complica el derecho a la movilidad de los sin techo.
Manifestación del Padre Julio Lancellotti
En 2021, bajo el viaducto Dom Luciano Mendes de Almeida, en la zona este de São Paulo, la administración municipal colocó piedras afiladas para impedir que los sin techo se instalaran allí. El padre Julio Lancellotti, responsable de la Pastoral de las Personas de la Calle, respondió con un mazo: derribó la barrera pública como gesto simbólico de denuncia. La imagen se hizo viral y puso de relieve que la ciudad no es imparcial: puede excluir o acoger, según el proyecto.
Motivado por acciones como la del padre Lancellotti, en 2021 el senador Fabiano Contarato propuso el proyecto de ley 488/2021, que modificaba el Estatuto de la Ciudad (Ley 10.257/2001) para prohibir los métodos arquitectónicos agresivos en lugares públicos. La Cámara de Diputados lo aprobó, y el Ley 14.489/2022La ley, conocida oficialmente como Ley Padre Julio Lancellotti, fue promulgada el 21 de diciembre de 2022, vetada por Jair Bolsonaro y posteriormente restaurada por el Congreso Nacional.
La legislación es inequívoca: "se prohíbe el uso de materiales, estructuras, equipos y métodos de construcción nocivos en zonas de uso público". Están prohibidos dispositivos como clavijas, bancos obstruidos y suelos desnivelados a propósito. El documento también afirma que la ciudad debe ofrecer comodidad, acogida y calidad de vida a todos, especialmente a los grupos más vulnerables, como niños, ancianos y personas sin hogar.
En diciembre de 2023, el gobierno federal emitió un decreto que regula esta ley, definiendo directrices para las entidades federales y los proyectos financiados con fondos federales. El decreto reitera la prohibición de "métodos de construcción agresivos" e instruye a los administradores municipales para que incluyan disposiciones de accesibilidad y "entornos receptivos" en sus proyectos de planificación urbana. El decreto también establece la formación de equipos de planificación urbana para detectar y erradicar las prácticas perjudiciales.
Efecto en la vida de las personas
Al prohibir la arquitectura hostil, la legislación establece unas normas mínimas de comodidad: asientos sin barreras, aceras llanas y zonas de descanso. Para quienes viven en la calle, esto significa poder dormir con menos peligro: en marquesinas, plazas e incluso paradas de autobús. Para los pasajeros, garantiza asientos accesibles. Y para todos, es importante recordar que la ciudad es de todos, no sólo de los inversores o los turistas.
Aunque la legislación es federal, la creación de proyectos urbanos es responsabilidad de los municipios. Es responsabilidad de cada ciudad incluir la prohibición de técnicas agresivas en sus códigos de construcción. Ya se han anunciado revisiones del mobiliario urbano en algunas ciudades piloto, como Belém y Recife. En la ciudad de São Paulo, especialistas de la Secretaría Municipal de Subprefecturas supervisan las denuncias y retiran las clavijas y estructuras prohibidas.
Dificultades de control
La implantación no siempre es instantánea. A menudo, los comerciantes independientes colocan chinchetas en las escaleras de los edificios históricos o bajo las marquesinas. La ley exige que los organismos de vigilancia urbana, como los guardias municipales, actúen de forma voluntaria o previa denuncia. Sin embargo, muchos municipios carecen de equipos y recursos económicos para inspeccionar cada esquina.
Por otro lado, destacan las iniciativas de diseño urbano inclusivo. En Curitiba se está experimentando con bancos con respaldos acogedores y formas sinuosas. En Río de Janeiro, el IAB-RJ organizó un concurso para crear prototipos de mobiliario público diseñados para todos los cuerpos, sin distinción de ningún tipo. Estas acciones demuestran que es posible combinar seguridad y comodidad.
El artículo 6 de la Constitución Federal garantiza el derecho a la vivienda y al bienestar social. Para que los espacios públicos sean accesibles a todos, los arquitectos y urbanistas tienen la obligación ética de crear ciudades que se adapten a los cuerpos y hábitos de cada individuo. La Ley Padre Julio Lancellotti subraya que el entorno urbano no es imparcial: puede promover la convivencia o legitimar la exclusión.
Residentes, activistas y estudiosos pueden contribuir a la aplicación de la ley mediante quejas, propuestas de mejora y participación en audiencias públicas. Han surgido aplicaciones de cartografía colaborativa para documentar las zonas de arquitectura hostil, lo que permite a los administradores identificar y resolver las áreas problemáticas.
Hacia dónde vamos
Prohibir los métodos de construcción agresivos es sólo el principio. Hay que cambiar las mentalidades y reconocer la ciudad como un bien colectivo. Las ciudades pueden establecer etiquetas de "urbanismo receptivo" para los desarrollos públicos y privados. Las iniciativas de educación urbana en las escuelas y los Centros de Referencia de Asistencia Social contribuyen a formar ciudadanos conscientes de sus derechos y responsabilidades.
La Ley Padre Julio Lancellotti marca un hito en la lucha por un espacio público receptivo y acogedor. Al impedir las prácticas de exclusión arquitectónica, allana el camino hacia ciudades más democráticas donde todos, tengan o no vivienda, puedan ejercer su ciudadanía. Es hora de quitar las chinchetas, nivelar las aceras y construir bancos de todo tipo. Al fin y al cabo, la ciudad pertenece a quienes la habitan y aspiran a ella.
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