Fueron dos días intensos en Fiocruz Brasilia (22 y 23 de octubre). Debates, experiencias y voces que mostraron por qué cuidar es reconocer. Aquí puedes seguir una serie de artículos exclusivos sobre el Seminario Internacional Personas sin hogar: atención integral y derechos ya.
Cuatro líderes participaron en el Seminario Internacional sobre Personas de la Calle: Atención Integral y Derechos Ya, celebrado en Fiocruz Brasilia los días 22 y 23 de octubre. Janine Melo (MDHC), Maria Luiza Gama (MDHC), Sheila Costa Marcolino (CIAMP-Rua Nacional) y Laureci (Laura) Dias (CIAMP-Rua Nacional) explicaron las contradicciones, fortalezas y deficiencias del Plan Calles Visibles. Se trata de la principal estrategia federal para hacer frente a la violencia y la reproducción de la vida en las calles. Todas las intervenciones destacaron la misma fractura. La política existe sobre el papel, pero aún no está arraigada en la materialidad de los territorios. Su capacidad para cambiar el día a día de quienes viven en las aceras sigue limitada por la débil articulación federativa, la escasa integración ministerial y la ausencia efectiva de una participación social estructurante.
“Con la calle, no para la calle” la narrativa oficial y sus límites
Maria Luiza Gama, Directora de Políticas para Personas sin Hogar del Ministerio de Derechos Humanos y Ciudadanía (MDHC), contextualizó el marco institucional que sustenta la política nacional. Resumió Decreto 7.053/2009, Malu hizo hincapié en la heterogeneidad de la población de la calle, lo que creó CIAMP-Rua, consolidó la política nacional y, sobre todo, definió a la población de la calle como un grupo heterogéneo: niños, mujeres, personas que salen del sistema judicial, LGBTQIA+, ancianos, entre otros. Al reforzar esta heterogeneidad, Malú hizo hincapié en que no puede haber una solución única, ya que necesidades diferentes requieren respuestas diferentes. Esta premisa es la base del discurso que viene defendiendo su departamento, políticas “con la calle, no para la calle”, reconociendo a las personas sin hogar como sujetos políticos y no como objetos de acción.
El director explicó la situación que llevó a la aparición de la Plan Nacional de Calles Visibles (2023). En 2022, menos del 1% de los municipios y estados se habían adherido a la política nacional. Ante el incumplimiento de la Constitución, el STF intervino y definió obligaciones para el gobierno federal, los estados y los municipios. A la Unión le corresponde coordinar, supervisar y proponer un plan de acción; a los estados y municipios, aplicar, comunicar y prohibir las expulsiones forzosas. El Plan, estructurado en siete ejes, implica aportaciones cercanas a los mil millones de reales. Entre sus innovaciones, Malú destacó la puesta en marcha del programa Housing First bajo coordinación federal, rompiendo con la ausencia histórica de una política de vivienda específica a escala nacional para esta población.
Otro punto estratégico del discurso fue el intento de organizar la gobernanza federal a través de Integra PopRua, un cuestionario con más de 80 indicadores diseñado para diagnosticar las capacidades y debilidades municipales. Este instrumento orienta los acuerdos entre el gobierno federal y los municipios, permitiendo identificar prioridades por territorio. El mapa de inscripciones, sin embargo, muestra una concentración en el Sudeste y una baja presencia en el Centro-Oeste, Norte y Nordeste, lo que refuerza las desigualdades regionales.
Malu también presentó el servicio Cidadania PopRua, recientemente implantado en 21 municipios y en el Distrito Federal, con equipos técnicos preparados para tratar casos de violación de derechos. Por último, expuso los problemas estructurales que impiden que la política avance: la ausencia de un flujo federativo claro, la insuficiencia de financiación permanente para el SUS y el SUAS, la falta de prioridades en materia de vivienda permanente, la ausencia de normas nacionales sobre la incautación de pertenencias durante las acciones urbanas, la falta de una política de trabajo decente y la ausencia de políticas para prevenir la falta de vivienda. El diagnóstico es sencillo, aunque en absoluto trivial: sin una verdadera intersectorialidad, un acuerdo federativo funcional y una financiación continua, la política nacional sigue siendo frágil.
Articulación precaria y presupuesto tímido: apuntes sobre el control social
La Consejera Sheila Costa Marcolino, del CIAMP-Rua Nacional, retomó el panorama presentado por Malu, pero hizo una lectura crítica de su implementación. Para Sheila, la pregunta formulada durante el seminario, “¿cuál es la respuesta efectiva a Calles Visibles?”, revela que estados y municipios aún no se reconocen corresponsables de la aplicación de la política. La falta de un acuerdo federal sólido impide avances concretos.
Según Sheila, cuando llegó al CIAMP-Rua, la primera versión del plan enumeraba un conjunto de acciones que ya existían antes del ADPF 976 (STF), pero que no habían conseguido hacer frente a la complejidad de la vida en la calle. El problema no es la existencia de estas acciones, sino su incorporación sin reformulaciones estructurales y sin directrices sólidas. Además, el presupuesto es tímido en relación con la magnitud de las demandas, lo que limita el impacto de las acciones.
El consejero también informó de la escasa participación ministerial. Aunque el plan involucra a 14 ministerios, sólo unos pocos están presentes de forma consistente, como Mujer, Salud y Asistencia Social. Otras carteras, en particular Educación, han mostrado dificultad para concebir acciones dirigidas a la población sin hogar, lo que revela falta de referencias y de compromiso diario.
Sheila señaló que CIAMP-Rua había presentado al gobierno federal una versión comentada del plan, eje por eje, con indicaciones y análisis, buscando mayor precisión, prioridad y coherencia política. Sin embargo, la brecha federativa y la fragilidad interministerial siguen siendo obstáculos centrales.
Plan fiscal, exclusiones estructurales y defensa del poder de la calle
La intervención de la concejala Laureci (Laura) Dias, también de CIAMP-Rua, funcionó como una contranarrativa, esta vez desde la calle y su experiencia encarnada. Mujer negra, superviviente de 20 años de abuso de alcohol, crack y cocaína y de ocho años de abstinencia, Laura contó cómo se hizo militante, consiguió escaños en organismos públicos y asumió la coordinación de la comisión de Mujer, Género y Raza.
Su principal crítica es que Calles Visibles llegó ya hecha, sin participación efectiva, “de arriba abajo”, manteniendo la lógica histórica de deslegitimar el conocimiento producido por las propias personas sin hogar. El movimiento sólo aceptó el lanzamiento con el acuerdo de que los cambios estructurales se debatirían más adelante, un proceso que aún está en marcha.
Laura reforzó el diagnóstico de Sheila: de los 14 ministerios mencionados, sólo tres participan efectivamente. Esta ausencia revela una falta de compromiso y refuerza la percepción de que, para el gobierno, la población de la calle sigue siendo un objeto de acción y no un sujeto político. El consejero expuso graves omisiones en el plan: las mujeres, los niños y los adolescentes no fueron incluidos inicialmente. Sólo se les incluyó tras una intensa movilización. Esta exclusión, dijo, es inaceptable dada la naturaleza específica de la violencia a la que se enfrentan las mujeres en la calle, como la violación, el traslado obligatorio de los hijos, la falta de asistencia psicológica, los ciclos de revictimización y el abandono institucional.
Otro eje de denuncia fue la cuota de 3% para Minha Casa, Minha Vida. Los alcaldes y gestores locales se resisten a aplicar la norma, hacen trampas en las inscripciones y quedan impunes. La sanción actual, la retirada de fondos, castiga a la población, no al gestor. Por eso Laura exigió castigos ejemplares al gobierno federal y al Ministerio Público.
La secretaria ejecutiva del Ministerio de Derechos Humanos y Ciudadanía, Janine Mello, reconoció la calidad del diálogo con CIAMP-Rua y destacó el órgano colegiado como una de las instancias más cualificadas de participación social en el gobierno federal. Subrayó que, tras años de bloqueo institucional, el país vive un proceso de reconstrucción del diálogo. Sin embargo, el Ejecutivo aún enfrenta importantes limitaciones para coordinar políticas intersectoriales dirigidas a la población en situación de calle, especialmente por la complejidad de los más de 5.500 municipios. Janine dijo que ya hay claridad sobre lo que hay que hacer, pero los avances han sido insuficientes frente a la urgencia, por lo que defiende la reformulación del Plan Calles Visibles con validación directa del CIAMP y escuchando a la calle. Reconoce las limitaciones presupuestarias, pero reitera el compromiso del MDHC y de los ministerios asociados para ajustar el plan y seguir avanzando.
Laura también criticó la actuación de los cuidadores urbanos que confiscan pertenencias con el pretexto de la limpieza. A continuación, reclamó cuotas en convocatorias públicas, conferencias, cursos y universidades, denunciando que la población de la calle sigue estando excluida incluso de los espacios de participación. Contó historias personales para demostrar que salir a la calle es a menudo la única forma de escapar a la violencia doméstica. Por último, reafirmó el poder político y humano de la población de la calle, afirmando que hay vida después del crack, hay formación académica, hay trabajo y hay reconstrucción. Lo que falta es el acceso a unas condiciones mínimas, como ducha, cobijo, ropa y documentación, para poder competir por un puesto en el mercado laboral.
La consolidación de los discursos revela tres capas articuladas: el marco institucional presentado por Malu, estructurado, legalmente definido, pero insuficientemente implementado; la crítica técnico-política de Sheila, que muestra una falta de federación y de apoyo interministerial, un presupuesto débil y un plan poco receptivo; y la denuncia de Laura, que expone políticas impuestas, exclusiones estructurales, violencia cotidiana, pero también poder transformador.
Entre el diseño sobre el papel y la transformación real, el abismo sigue siendo la calle, que sigue siendo invisible para una parte del Estado. Los tres discursos convergen en una urgencia inequívoca: sin la participación real de las personas que viven en la calle, acuerdos federales funcionales y la rendición de cuentas concreta de los gestores, el Plan Calles Visibles no se convertirá en una política; sólo será un texto, no despegará.
Pie de foto: De izquierda a derecha, Janine Mello, Laureci Dias, Sheila Marcolino y Maria Luiza Gama.
ES 
PT_BR 
EN 
FR