Fueron dos días intensos en Fiocruz Brasilia (22 y 23 de octubre). Debates, experiencias y voces que mostraron por qué cuidar es reconocer. Aquí puedes seguir una serie de artículos exclusivos sobre el Seminario Internacional Personas sin hogar: atención integral y derechos ya.
La mesa redonda “El papel del sistema judicial en el tratamiento de la población sin hogar”, celebrada el 23 de octubre en la Seminario internacional sobre personas sin hogar: atención integral y derechos ya, El evento, celebrado en Fiocruz Brasília, reunió a profesionales del derecho e investigadores para explicar los límites, contradicciones y posibilidades del sistema judicial frente a la violación crónica de los derechos fundamentales. La conversación partió de la constatación de que el poder judicial siempre llega demasiado tarde, cuando todas las demás esferas estatales y sociales ya han fracasado.
El poder judicial como última línea
El mediador del panel, el abogado e investigador Igor Rodrigues, abrió el debate destacando la gravedad del escenario. Según él, cuando una demanda que implica a personas sin hogar llega al poder judicial, significa que todas las etapas anteriores de protección y atención ya han fracasado. Es la última trinchera de la ciudadanía, que se activa cuando otros mecanismos no han respondido.
Rodrigues alertó contra lo que denominó “redencionismo judicial”, la creencia de que el sistema judicial puede resolver por sí solo la profunda crisis social que empuja a miles de personas a la calle. Mencionó como ejemplo la Acción por Incumplimiento de Precepto Fundamental (ADPF) sobre la población sin techo, que sólo fue archivada en 2023: aunque celebrada, llegó más de 15 años después de una iniciativa similar en Colombia, lo que demuestra la lentitud estructural de la reacción institucional brasileña.
El investigador también llamó la atención sobre el uso superficial del término “multicausal” para describir el fenómeno de los sin techo. Para él, decir que el problema es multicausal no explica nada si no se afronta su raíz: el colapso de la capacidad del capitalismo contemporáneo para incluir a las personas a través del trabajo y la ciudadanía. En este contexto, la población sin hogar expone la fisura del sistema, ya que no se incorpora al circuito de valor, convirtiéndose en desechable.
Rodrigues argumentó que la falta de vivienda es el principal espejo de la crisis social de Brasil. Según él, el país produce “tsunamis de residuos humanos”, un fenómeno visible en ciudades grandes y pequeñas, y la población de la calle es el objeto que conecta los fallos públicos, la falta de alternativas y la profundización de las desigualdades.
PopRuaJud y romper barreras
La jueza federal Luciana Ortiz, coordinadora del Comité PopRuaJud del CNJ, reforzó la lectura de Rodrigues, pero se centró en los límites del propio poder judicial. Para ella, aunque el sistema no deba asumir el papel del Ejecutivo, no puede omitirse ante un “estado de cosas incondicional”, expresión utilizada para describir la ausencia total de derechos para esta población.
Ortiz destacó los obstáculos concretos para acceder a la justicia. La falta de documentación civil sigue siendo una barrera central: sin DNI ni prueba de residencia, muchas personas sin hogar ni siquiera pueden entrar físicamente en un juzgado. A esto se añade la exclusión digital, agravada por el funcionamiento predominantemente virtual del poder judicial. En muchos casos, dijo, a las personas se les prohíbe el acceso a las puertas de los juzgados por llevar chanclas o pantalones cortos.
El magistrado presentó el Resolución 425/2021 del CNJ, La ley, que instituyó la política judicial de atención a las personas que viven en la calle. La norma, elaborada en un proceso colectivo con movimientos sociales y organizaciones civiles, definió ejes de actuación que incluyen la emisión de documentación civil, flujos procesales permanentes, trabajo en red y gobernanza articulada en los estados.
Ortiz también informó sobre los progresos realizados en la creación de comités estatales PopRuaJud en todo el país. Para ella, el trabajo en red es esencial porque la prestación judicial nunca será suficiente si está aislada. La expedición de documentos durante los esfuerzos conjuntos se considera un acto concreto de ciudadanía capaz de desbloquear el acceso a prestaciones sociales, pensiones y otros derechos. Casos recientes ilustran los efectos de esta acción, incluida la concesión de prestaciones sociales con importantes valores retroactivos para las personas sin hogar.
La jueza mencionó iniciativas para abordar cuestiones estructurales, como la afluencia de personas recién salidas del sistema penal, que a menudo emigran directamente a las calles por falta de alternativas. También mencionó la gravedad de las acciones institucionales para retirar bebés a madres sin hogar, una práctica que calificó como una de las más impactantes y urgentes.
La vivienda como motor de derechos
Giovanna Mello, fiscal del Ministerio Público, subrayó la centralidad del derecho a la vivienda como eje estructurador de todos los demás derechos. Según ella, el acceso a la vivienda es lo que permite el ejercicio efectivo de otras garantías, como la salud, la educación y la protección social.
Mello relató casos que revelan la imposibilidad material de que los habitantes de la calle cumplan las recomendaciones sanitarias. Los enfermos de tuberculosis, por ejemplo, rechazaron el tratamiento porque sabían que sus efectos secundarios los experimentarían en la calle, sin ningún apoyo, y no porque rechazaran la atención.
La fiscal destacó la importancia del Ministerio Público en la mediación con los programas de vivienda. Relató experiencias que permitieron la inclusión de grupos de personas sin hogar en programas de vivienda, incluso frente a la lógica del desplazamiento a regiones periféricas, históricamente criticada por romper los lazos territoriales. Soluciones más recientes, como la democratización de los inmuebles federales, fueron apuntadas como alternativas para garantizar viviendas céntricas, próximas a las redes de apoyo.
Mello también advirtió del riesgo de que esta población se desconecte precozmente de los servicios de la red de asistencia social una vez que accede a una vivienda. Para ella, esta fase representa la “superación de la calle”, que requiere mantener el apoyo. Sin esto, la vuelta a la calle se hace muy probable.
El fiscal señaló que la falta de censos nacionales actualizados pone en peligro la formulación de políticas adecuadas. Al mismo tiempo, hizo hincapié en la importancia de inspeccionar las instalaciones para personas sin hogar, señalando que muchas de ellas están superpobladas y a menudo son inadecuadas, especialmente cuando albergan a personas mayores que requieren cuidados específicos.
Se mencionó el periodo pandémico como ejemplo extremo de abandono histórico. Mello relató cómo los residentes se sorprendieron al ver a personas sin hogar intentando acceder a los servicios básicos durante el cierre. Al mismo tiempo, llamó la atención sobre la rapidez con que se recurrió a la improvisación cuando la pandemia exigía una actuación inmediata, argumentando que esta agilidad debería convertirse en la norma, no en la excepción.
Nombre, historia y supervivencia
Para cerrar el panel, la jueza Raquel Chrispino, del Tribunal de Justicia de Río de Janeiro, aportó al debate la perspectiva de la documentación civil como base para ejercer todos los derechos. Su presentación se basó en la experiencia de más de una década expidiendo documentos en zonas vulnerables, incluso trabajando en un autobús itinerante dedicado a erradicar el subregistro.
Chrispino explicó que el registro civil es un derecho humano en sí mismo. Accede a dimensiones esenciales: nombre, filiación, nacionalidad, ascendencia y ciclo vital. Los fallos en este registro conducen al borrado biográfico, afectando a la subjetividad. En muchos casos, dijo, las personas fueron registradas décadas después de su nacimiento y lloraron cuando recibieron el documento, no porque tuvieran acceso a beneficios, sino porque estaban recuperando su historia.
El juez también detalló la llamada “cadena de documentos”. Antes, la expedición de un documento dependía de otro, lo que creaba un laberinto burocrático que perpetuaba la exclusión. El Documento Nacional de Identidad, dijo, simplifica parte de esta cadena al integrar otros registros y facilitar el acceso a los derechos sociales.
Chrispino también destacó los retos relacionados con el registro de defunciones. Las personas sin hogar suelen morir sin documentación, sin un registro de defunción y sin la posibilidad de ser veladas por sus compañeros o familiares. El juez señaló este borrado final como una violación de los derechos humanos y destacó las decisiones que permiten entregar los cadáveres a los amigos que deseen realizar los ritos funerarios.
Al final, Chrispino abogó por cambios en el flujo y la gobernanza capaces de hacer que el poder judicial sea más accesible, humano y eficaz. Para ella, la creación de redes y la lucha contra el subregistro son condiciones mínimas para garantizar el acceso a la ciudadanía.
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Cobertura del 22 de octubre de 2025
- Mesa redonda internacional: ¿Qué mundo es éste? Realidades y posibilidades de transformación para la protección social de la población sin hogar
- Panel I : No somos invisibles: información para las políticas públicas
- Panel II : Mujeres sin hogar: atención integral, maternidad y protección social desde la perspectiva de la igualdad de género y raza
- Los senderos invitan: P. Julio Lancellotti
- Panel III:
El derecho a la protección social y a la asistencia sanitaria en Brasil.
Cobertura del 23 de octubre de 2025
- Panel IV : Experiencias de asistencia I
- Panel V: Experiencias de asistencia II
- Panel VI: El papel de la justicia ante las personas sin hogar
- Mesa redonda: Retos y posibilidades del plan Calles visibles como estrategia de política pública - CIAMP/RUA nacional
Pie de foto: De izquierda a derecha, Raquel Chrispino; Luciana Ortiz; Igor Rodrigues y Giovana Mello .
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